La lucha contra el fraude financiero une a 19 entidades públicas y privadas

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Diecinueve instituciones públicas y entidades privadas han suscrito un Plan de Acción contra el Fraude Financiero. El plan ha sido impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Casi una veintena de entidades se han adherido a este plan, impulsado por la CNMV, que tiene como objetivo de potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas ante el aumento detectado de estas prácticas, que ocasionan graves perjuicios a inversores y a todo el sector financiero regulado.

Lo apoyan Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la CNMV, la Fiscalía General del Estado; Banco de España; Policía Nacional; Guardia Civil; Mossos d’Esquadra; Ertzaintza; Policía Foral de Navarra; SEBPLAC; Asociación Española de Banca (AEB); CECA; Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN); INVERCO; Asociación Medios de Información (AMI); Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA); Autocontrol; Colegio de Registradores y Colegio General del Notariado.

?Con este acuerdo, se pretende definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero, restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.

Las acciones que se desarrollarán a partir de ahora persiguen incrementar la seguridad de los inversores, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades para ofrecer una mayor confianza a los ciudadanos.

En el ámbito de sus respectivas competencias, estas organizaciones van a coordinarse para cooperar en la detección de actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, sean regulados o no regulados, que puedan ser indicativos de un caso de fraude financiero. También trabajarán para limitar o eliminar la publicidad de entidades no registradas para la prestación de servicios financieros o dirigida a la captación fraudulenta de clientes e inversores en medios de comunicación y difusión, buscadores, redes sociales, etc., así como para establecer mecanismos de información para inversores sobre los riesgos y posibilidades de fraude.

Además, crearán canales de comunicación directa entre las partes para cumplir con los objetivos de este protocolo y establecerán mecanismos que permitan la verificación del registro de las entidades que realicen publicidad en medios de comunicación y redes sociales.

Colaborarán también en la realización de campañas informativas y divulgativas para el público en general para informar a los inversores sobre los riesgos de fraude y las garantías de las operaciones con entidades registradas; el desarrollo de medidas de alertas de nuevas tendencias o fenómenos de fraude detectadas y en el fomento de la la educación financiera necesaria para que los ciudadanos puedan detectar productos y servicios financieros sospechosos.

Por último, los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país.