La ciberseguridad, cuarto punto del Plan España Digital 2025

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Pedro Sánchez ha presentado la Agenda España Digital 2025, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022 para digitalizar España, lo que coloca la digitalización como una de las palancas clave para la recuperación económica y la modernización del tejido productivo, el aumento de la productividad y el cierre de las brechas sociales y territoriales. Entre 2023 y 2025 la cifra aumentará en 70.000 millones más, lo que situará el total en 140.000. En su elaboración, han participado más de 15 ministerios y organismos públicos y más de 25 agentes económicos, sociales y empresariales. 

Según el documento que recoge el plan, el proceso de transformación digital abre enormes oportunidades al desarrollo socioeconómico, pero al mismo tiempo incorpora amenazas y riesgos relacionados con la seguridad digital en una doble vertiente: el daño causado por los incidentes cibernéticos en sí mismos, y el socavamiento de la confianza en el uso de las tecnologías digitales, que puede afectar a su adopción por parte de los actores económicos y la ciudadanía.

Para mitigar este riesgo que esto supone para el desarrollo económico, es imprescindible el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanía, empresas y Administraciones Públicas, así como la generación de confianza a través de una cultura de ciberseguridad que llegue a todas las capas de la sociedad. “La protección frente a las amenazas y generación de confianza, tienen un impacto directo en el desarrollo económico del país y confirman que la ciberseguridad debe ser abordada desde una perspectiva multidimensional, como elemento clave de la seguridad nacional”, asegura el nuevo programa de digitalización para España.

En este punto, destaca  el papel de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que cuenta con dos organismos principales: por un lado, el Centro Criptológico Nacional, que lidera la acción desde el punto de vista de la seguridad nacional y la protección de las Administraciones Públicas; y, por otro, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que se centra en el desarrollo de estas líneas de actuación en torno a ciudadanía y empresas.  Además, el Real Decreto de seguridad de las redes y sistemas de información, de 2018, para la transposición de la Directiva NIS (Network and Information Security) sobre Ciberseguridad reconoce a INCIBE-CERT como el centro de respuesta a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y entidades de derecho privado en España operado por INCIBE.  

Los objetivos que se persiguen con la ciberseguridad son fomentar las capacidades en este ámbito de ciudadanos y empresas, desarrollar un ecosistema de empresas especialistas y potenciar la visibilidad de España en esta disciplina.

Esta agenda consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos:

- Conectividad digital. Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100Mbps en 2025.

- Liderazgo en el despliegue de la tecnología 5G en Europa. Incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para 5G

- Competencias digitales de los trabajadores y de la ciudadanía en general. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres.

- Capacidad española en ciberseguridad. Como se ha comentado anteriormente, se pretende incrementar las capacidades tecnológicas de ciudadanos y empresas, fomentar un ecosistema de empresas y aumentar la visibilidad española en esta materia.

- Digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones

- Digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y a las startups. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

- Digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía en 2025

- Mejora del atractivo de España como plataforma audiovisual europea para generar negocio y puestos de trabajo, con una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en nuestro país para el año 2025

- Economía de los datos. Evolucionar hacia una economía que sque provecho de los datos, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la IA con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen esta tecnología y big data dentro de cinco años.

- Derechos digitales. Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales.