Derechos de autor: detectados 800 bares que emitían fútbol de forma ilícita
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Agentes de la Policía Nacional han inspeccionado más de 2.000 establecimientos de hostelería en busca de la emisión ilícita de partidos de fútbol. Aproximadamente un 60% realizaba esta actividad ilícita a través de diversas modalidades, la más común el uso de un decodificador 'vitaminado'.
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La Policía Nacional ha informado de que sus agentes han inspeccionado más de 2.000 establecimientos de hostelería por la emisión ilícita de partidos de fútbol, tras la denuncia de interpuesta por representantes de LaLiga a los titulares de diversos establecimientos públicos de diferentes puntos de España por un presunto delito contra la propiedad intelectual.
Según explica la policía, “cuando LaLiga tuvo conocimiento de la actividad ilícita descrita, y con el objetivo de comprobar su veracidad, realizó las correspondientes verificaciones en los establecimientos infractores. Una vez confirmada formalizó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional”.
Coordinado por Unidad Central de Ciberdelincuencia, se puso un operativo a nivel nacional para realizar las inspecciones necesarias durante la emisión de los partidos para verificar los hechos denunciados y, en caso positivo, proceder a la desconexión de los dispositivos utilizados y la intervención del decodificador ilegal en su caso, así como a la citación del responsable del establecimiento para toma de declaración en dependencia policial.
El resultado fue que en torno a un 60% de los establecimientos inspeccionados realizaba esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. “La más común es la utilización de un decodificador “vitaminado”, al que ilegalmente se le había alterado el firmware para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado”, señala el comunicado.
Los responsables de los establecimientos presuntamente ponían a disposición de sus clientes contenido protegido por la normativa de propiedad intelectual sin autorización, con lo que ocasionaban importantes perjuicios económicos a los titulares legítimos. Además, esta actividad ilícita no sólo afectaría negativamente a LaLiga, sus clubes y los teleoperadores, sino también a los dueños de otros establecimientos públicos que sí pagan las correspondientes tarifas por emitir esos contenidos en sus respectivos locales.
En la actualidad se siguen investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos delictivos a través de los testimonios de los infractores y del análisis de los más de 800 dispositivos decodificadores intervenidos. Los infractores podrían incurrir en penas de hasta seis años de cárcel.
