¿Qué dicen los defensores y detractores de la postura del Parlamento Europeo sobre los derechos de autor?

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La norma con las enmiendas aprobadas ayer, cuyo texto íntegro se encuentra aquí, busca actualizar el actual marco legislativo sobre los derechos de autor para “contribuir al funcionamiento del mercado interior, garantizar un elevado nivel de protección a los titulares de derechos, facilitar el proceso de obtención de los derechos y establecer un marco para la explotación de obras u otras prestaciones protegidas”, reza el texto. 

Y, a raíz de la votación, fija la posición que sostendrá el Parlamento Europeo sobre la Directiva en las negociaciones con el Consejo y Comisión hasta llegar a una nueva versión consensuada, que se votará previsiblemente en enero de 2019.

Sin embargo, hay dos puntos polémicos. Por un lado, la posición del Parlamento endurece la propuesta inicial de la Comisión para hacer que las plataformas online y los agregadores sean responsables de las infracciones de los derechos de autor cometidas en los mismos. Esto también será de aplicación para las páginas que sólo muestran una pequeña parte del texto de una noticia.

En la práctica, esta responsabilidad implica que deberán pagar al titular de los derechos por el material protegido por derechos de autor distribuyan por lo que, para evitarlo, deberán establecer medidas de control.

Además, plantea el establecimiento de un canon que deberían pagar las plataformas a esos medios de comunicación y a los autores de contenido cuando lo reproduzcan.

Partidarios y detractores
La postura de los defensores de la norma está clara: se trata de proteger adecuadamente los derechos de autores y editores de contenidos.

Por el contrario, las voces detractoras creen que atenta contra los derechos de los ciudadanos en Internet y que puede frenar la innovación en la red, así como el desarrollo de empresas emergentes.

Sin ir más lejos, hace tan solo dos días, en España industria tecnológica, consumidores, internautas y startups hicieron público en un comunicado su rechazo a la propuesta de Directiva, algo que también sostienen otras organizaciones civiles y de internautas. Para ellos, la obligación de filtrado de contenidos convierte a los proveedores en ‘policías’ de la web, al obligarles a detectar y eliminar contenidos que puedan estar protegidos por los derechos de autor, y perjudica la libertad de expresión y limita el acceso a la información.
 
Además, “presupone que los usuarios vulneran los derechos de propiedad intelectual”, señalan, entre otros argumentos. 

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