La AEPD recibió el mayor número de reclamaciones de su historia en 2022: más de 15.000

Según recoge en sus Memoria 2022, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió la mayor cantidad de reclamaciones de su historia. En total, fueron 15.128 reclamaciones, lo que supone un aumento de un 9% respecto a 2021 y un 47% respecto a 2020. Esta cifra incluye los casos transfronterizos procedentes de otras autoridades de control europeas y los casos en los que la Agencia actúa por iniciativa propia.

Las reclamaciones resueltas han seguido aumentado (+6%), y solo el 11% de las resoluciones llegan al procedimiento sancionador, frente al 79% que se producen tras el traslado de la reclamación. En este sentido, la AEPD destaca que la principal vía de resolución de reclamaciones pasa por su traslado al responsable o encargado del tratamiento, que la analiza y proporciona una respuesta al organismo que, en un número significativo de casos, permite obtener una respuesta satisfactoria para el ciudadano en una media de 82 días.

En lo relativo a las cifras de delegados de protección de datos (DPD) comunicados a la agencia, 2022 se cerró con 100.350 DPD frente a los 82.249 de 2021. De la cifra del año pasado, 91.221 corresponden al sector privado y 9.129 al sector público. Por lo que respecta a los servicios de ayuda que presta el organismo para la adaptación al Reglamento de Protección de Datos de la UE (GDPR, en sus siglas inglesas), se han recibido casi 695 consultas a través del Canal del DPD, que da respuesta a las consultas que plantean los delegados previamente notificados a la agencia.

La Memoria 2022 recoge por primera vez el detalle de las Administraciones Públicas sancionadas por incumplir los requerimientos y medidas correctivas impuestas.

Tanto la falta de respuesta a los requerimientos de información que envía la agencia como no acreditar que se han cumplido las medidas impuestas suponen infracciones clasificadas como muy graves. Dentro de las administraciones que no han cumplido las órdenes de la Agencia, destacan las entidades locales de más de 20.000 habitantes a las que se les ha requerido que nombren un delegado de protección de datos, algo obligatorio tal y como establece GDPR para las autoridades u organismos públicos.

Durante el año 2022 se ha duplicado la cifra de reclamaciones gestionadas a través del Canal Prioritario para solicitar la retirada urgente de contenido sexual o violento publicado en Internet sin el permiso de las personas que aparecen, que han tenido una tramitación urgente. Se han realizado 51 intervenciones en 2022, logrando retirar los contenidos sensibles con inmediatez en más de un 90% de los casos.

En cuanto a las reclamaciones ordinarias, las planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2022 corresponden a servicios de internet (15%), videovigilancia (15%), recepción de publicidad (excepto spam) (13%), inserción indebida en ficheros de morosidad (8%) y reclamación de deudas (6%). En lo relativo a los procedimientos sancionadores, se finalizaron 481, siendo las áreas más frecuentes la videovigilancia (29%), servicios de Internet (15%), los procedimientos relacionados con las Administraciones Públicas (9%) y las brechas de datos personales (6%).

El hecho de que en esas áreas se realizaran un mayor número de procedimientos sancionadores no implica que sean estas las que mayor número de sanciones acumulan. En este sentido, la autoridad de protección de datos ha impuesto 378 resoluciones que han finalizado con la imposición de multa. Las seis áreas de actividad con mayor importe global de multas han sido servicios de Internet (11.492.201 euros), publicidad -excepto spam- (2.291.800 euros), asuntos laborales (2.198.800 euros), brechas de datos personales (821.800 euros), contratación fraudulenta (706.800 euros) y telecomunicaciones (632.000 euros). Estas seis áreas suponen el 87% del importe global de sanciones, que en 2022 ascendió a 20.775.361 euros. En comparación con las cifras globales de los países del Espacio Europeo Común (EEE), hay que destacar que la agencia ha declarado en 2022 el 40,2% de las sanciones pero sólo ha impuesto el 2,5% de las multas.

En cuanto a los casos transfronterizos, el organismo ha liderado 15 como autoridad principal y ha cooperado como autoridad interesada en más de 200. Asimismo, se han recibido 1.142 peticiones de otras autoridades europeas, solicitudes de asistencia y consulta, y proyectos de decisión.

En cuanto a las notificaciones de brechas de datos personales realizadas ante la agencia, estas son inicialmente recibidas por la División de Innovación Tecnológica (DIT), que realiza un primer análisis. La DIT ha recibido y analizado 1.751 notificaciones de brechas de datos personales, lo que ha dado lugar a diez traslados a la Subdirección de Inspección de Datos por requerir una investigación en mayor profundidad.

Por último, se han planteado casi 2.400 cuestiones ante su Canal Joven, un incremento de más del 30% respecto a 2021. Destacan las consultas que proceden de madres y padres (32%) sobre los tratamientos de datos de menores tanto en el ámbito educativo como en el plano personal. En este último, se registran consultas sobre la publicación por familiares en redes sociales de imágenes de menores, en especial cuando los progenitores están separados. En estos casos se informa de que estas cuestiones se deben plantear ante el juez competente.

En el plano educativo, se han incrementado las consultas de docentes y directores de centros educativos (8%) sobre tratamientos de datos en los centros escolares. También se han recibido más consultas procedentes de empresas privadas (8%) que tratan datos personales de menores, fundamentalmente en cuanto a tratamientos de videovigilancia y publicación de imágenes, con especial relevancia en el ámbito deportivo, en concreto de las competiciones organizadas por Federaciones Deportivas.

En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la agencia, de las 59 dictadas en 2022, 50 (el 85%) fueron desestimatorias o inadmitidas. Por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, favorable al organismo público.