La AEPD recibió 243 notificaciones de brechas personales del sector público en 2022
- Actualidad
El sector público notificó a la autoridad española de Protección de Datos 243 brechas personales, un 49% más que en 2021, cuando la cifra fue de 163 notificaciones. La AEPD ha publicado un documento con orientaciones para tratamientos que implican comunicación de datos entre Administraciones Públicas ante el riesgo de brechas de datos personales.
Las Administraciones Públicas, al igual que todos los responsables del tratamiento, han de asumir que las brechas de datos personales podrían producirse y que las medidas de seguridad no garantizan una protección total. Por lo tanto, deben implementar desde el diseño del tratamiento medidas y acciones específicas para minimizar el posible impacto personal y social de una brecha en caso de producirse. En 2021, la AEPD recibió 163 notificaciones de brechas personales provenientes del sector público, y en 2022 esa cifra se incrementó un 49% hasta las 243.
Por eso, el organismo acaba de publicar un documento dirigido a organismos públicos y a sus delegados de protección de datos que se centra en aquellos tratamientos en los que, debido al elevado volumen de datos personales y por la interconexión permanente entre sistemas de las Administraciones, son susceptibles de sufrir brechas masivas de datos personales de alto riesgo para los derechos fundamentales.
Según la AEPD, una gestión eficaz de los riesgos implica la actuación coordinada de las entidades implicadas en el tratamiento, un estudio conjunto de los distintos escenarios de brechas masivas en caso de fallo de las medidas de seguridad y la adopción de los procedimientos, técnicas de protección de datos, así como medidas de seguridad específicas y adecuadas para minimizar su impacto sobre los derechos fundamentales.
Como material de ayuda, estas orientaciones incluyen un listado de medidas preventivas de detección, respuesta, revisión y supervisión que se podrían implementar en el marco de este tipo de tratamientos. La Agencia indica en estas directrices que las infraestructuras de estos tratamientos son complejas desde el punto de vista organizativo debido a los múltiples actores que intervienen, y que esa interconexión de infraestructuras para el acceso y el intercambio de datos multiplica la probabilidad de que una brecha de datos personales termine materializándose, generando un gran impacto. Esto supone que deben aplicarse garantías de privacidad y medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, adecuadas a estos escenarios complejos, específicas para gestionar el alto impacto social con relación a la protección de datos y de forma coordinada.
