Chief Regulatory Officer, la nueva figura que será crítica para la banca, ¿por qué?

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Un nuevo estudio de KPMG dice que está empezando a aparecer en Europa la figura del Chief Regulatory Officer en el sector bancario. No es de extrañar, ya que las entidades necesitan tener una visión global en materia de cumplimiento: entre 2018 y 2022 necesitarán implantar más de 100 nuevas normas, principalmente sobre solvencia, protección de la clientela y contabilidad.

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Con el informe “Claves de la regulación financiera: impacto y horizonte para las entidades de crédito”, KPMG ha querido conocer los principales efectos que la regulación financiera ha tenido en los últimos años. Para ello, ha realizado una serie de entrevistas a directivos de un número significativo de bancos españoles sobre 72 regulaciones diferentes que han sido aprobadas e implantadas en el periodo más reciente, y les ha preguntado sobre el impacto de cada una de ellas en seis áreas: global, capital, pérdidas y ganancias, estructura y organización, negocio y liquidez.

Entre los bloques con mayor impacto en las entidades, la nueva regulación sobre solvencia es la más destacada, seguida muy de cerca por las regulaciones relacionadas con la protección de la clientela y la contabilidad. De las entrevistas realizadas, se desprende que el impacto de la regulación sobre recuperación y resolución, así como de la relacionada con el gobierno corporativo han tenido un impacto menor en la banca española que la regulación contable. Las entidades encuestadas son tanto de ámbito global como internacional, nacional y nacional con vocación local.

Por regulaciones específicas, las que mayor impacto agregado han generado en las entidades españolas han sido IFRS 9 (contabilización de instrumentos financieros), MiFID II (protección a la clientela), ICAAP&SREP (capital), RDA (gestión del dato), PSD2 (acceso a datos de clientes por los intermediarios financieros) y DTAs (activos fiscales).

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Con respecto al horizonte regulatorio, el estudio de KPMG identifica más de 100 nuevas regulaciones tanto globales como europeas y nacionales ya aprobadas y a implantar por parte de las entidades financieras en el periodo 2018-2022. A estas habría que sumar otras 120 que están en fase de desarrollo (sobre las que los reguladores han iniciado ya trabajos de discusión y redacción) y en propuesta (ya existe una propuesta de texto y se encuentra en fase de discusión y aprobación). Para dar una idea del reto que ha supuesto para las entidades la adaptación a este nuevo entorno cabe destacar que solamente en el mes de enero de 2018 los bancos han tenido que implantar 42 regulaciones diferentes.

“La correcta implantación de la regulación ha pasado al primer plano en el sector bancario, ya que existe un elevado grado de complejidad derivado del gran número de iniciativas aprobadas y de los distintos niveles regulatorios existentes”, explica Mariano Lasarte, socio del sector financiero de KPMG y coordinador del estudio.

En opinión de Mariano Lasarte, sería necesario centralizar la monitorización de la correcta implantación de la regulación, a efectos de que las entidades tengan una visión global de su situación en materia de cumplimiento. De hecho ya está empezando a aparecer en Europa la figura del Chief Regulatory Officer.

Para Francisco Uría, socio responsable del Sector Financiero de KPMG en España y socio principal de KPMG Abogados, “las entidades no han afrontado la nueva regulación en condiciones de igualdad. En función de su tamaño, geografía, modelo de negocio y ámbitos de actividad, los efectos han sido muy diferentes para ellas pero, en todo caso, han sido relevantes y nada volverá a ser como fue en el negocio bancario”. No está todo hecho, en su opinión, ya que “a pesar de que ya se han aprobado las normas más importantes que han protagonizado la reforma de la regulación financiera, queda todavía un importante número de normas pendientes de ser aprobadas, transpuestas a los ordenamientos nacionales y, sobre todo, implementadas”.

Francisco Uría añade que se están produciendo numerosas iniciativas en materia de regulación del uso de las nuevas tecnologías que afectan a la intermediación financiera (blockchain, ciberesistencia, resistencia, fintech…). “Claramente, se trata de un asunto a seguir de cerca por las entidades”, concluye.