La Administración de Justicia contará con una Oficina de Ciberseguridad común

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El Ministerio que dirige Pilar Llop prestará, a través de la nueva Oficina de Gobierno de la Ciberseguridad, servicios en este ámbito al conjunto de la Administración de Justicia.

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El Ministerio de Justicia ha informado a través de un comunicado que atenderá la prestación de servicios de la nueva Oficina de Gobierno de Ciberseguridad, creada en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) para reforzar en todo el Estado la seguridad de la información digital de la Administración de Justicia frente a ciberamenazas o ciberataques.

En la nueva oficina, un equipo de profesionales especializados ofrecerá un catálogo de servicios de seguridad atendido por el Ministerio de Justicia, a través de la subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, Ciberseguridad y Operaciones, con el objetivo de que la información y los servicios de la Administración de Justicia cuenten con similares niveles de seguridad, mejorando la protección, vigilancia y detección de incidentes, así como optimizando la capacidad de reacción y respuesta ante cualquier amenaza.

En lo que respecta a los servicios que ofrecerá, incluye una amplia cartera, desde la elaboración del desarrollo normativo de la política de seguridad de la información, a asesoramiento para la puesta en marcha o mantenimiento de procedimientos técnicos, o servicios transversales como la implantación de herramientas para compartir información, actividades de formación y concienciación en seguridad.

Dentro de estos servicios se incluye el apoyo en la gestión de ciberincidentes relevantes entre los miembros del CTEAJE; la realización de auditorías de seguridad para detectar vulnerabilidades o defectos de seguridad; y el seguimiento de nuevas vulnerabilidades en el software comercial.

Además se encargará del plan de adecuación de todas las administraciones implicadas en el CTEAJE al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), mediante la identificación del estado de cumplimiento del mismo. Para ello, se identificarán los riesgos, posibles vulnerabilidades, brechas de seguridad y deficiencias de configuración para aplicar un plan específico de medidas de seguridad.