Desarticulada una organización criminal que hackeaba instituciones públicas

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La Policía Nacional ha detenido a ocho jóvenes, que presuntamente se introducían en servidores de entidades públicas en Madrid y Granada para cambiar la domiciliación de nóminas y derivar el pago a dos cuentas abiertas con documentación falsificada, estafando más de 53.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente había “hackeado” sistemas informáticos de instituciones públicas en Madrid y Granada. Durante la investigación se ha detenido a ocho jóvenes en Madrid, en una operación que continúa abierta y que ha sido coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada.

La investigación se inició en diciembre del año pasado tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Granada, al detectar que las nóminas de cuatro trabajadores habían sido manipuladas y el dinero había sido transferido a cuentas ajenas mediante un cambio en la domiciliación bancaria tras un “hackeo” del servidor. A finales del mismo mes, los investigadores detectaron el ingreso de una quinta nómina en una de las cuentas bancarias que había sido detectada como pertenecientes a esta organización criminal. En este caso, una de las consejerías de Comunidad de Madrid, informó de un incidente de seguridad en su sistema informático de características muy similares al ocurrido en Granada.

El método que utilizaban los miembros de este grupo en introducirse en los programas destinados a la gestión de nóminas para alterar su normal funcionamiento y lograr cambiar la domiciliación bancaria de las mismas. De esta forma, el dinero de las nóminas de trabajadores de estas instituciones acabó siendo transferido a dos cuentas de dos bancos diferentes que, a su vez, habrían sido abiertas utilizando documentación falsificada. En estas cuentas se detectaron, además, otros abonos de una cuantía relevante, presuntamente procedentes de otros fraudes informáticos. Por el momento, el conjunto de todo el capital asciende a una cifra superior a los 53.000 euros.

Tras la obtención fraudulenta del dinero, el siguiente paso consistía en desviar el capital hacia cuentas que la organización criminal poseía.  A través de una plataforma de compraventa de activos digitales, el capital conseguido ilícitamente se convertía en criptomonedas, dificultando así la trazabilidad del dinero.

El desarrollo de esta operación culminó con tres registros domiciliarios, uno de ellos en una vivienda perteneciente al principal investigado, en los que se han intervenido unos 50 dispositivos informáticos - smartphones, portátiles, discos duros o “ledger”, billetera para la custodia de criptomonedas - y unas 400 tarjetas de débito y crédito tipo “monedero”, y han sido bloqueados más de 170.000 euros en criptomonedas. La investigación sigue abierta y no se descarta que otras instituciones hayan podido ser víctimas de esta actividad criminal.