Stormshield da las claves para una protección eficaz de las administraciones locales

Ante la transformación digital de sus servicios públicos, las autoridades locales están cada vez más expuestas a las ciberamenazas. La creciente interconexión de las infraestructuras, las redes conectadas o el mantenimiento a distancia expone los sistemas informáticos de las administraciones locales a un importante riesgo de intrusión. Ante esta realidad, algunas voces se cuestionan si sería mejor dar marcha atrás en la transformación digital de los servicios al ciudadano para ganar en seguridad. La respuesta es no. Existen métodos de ciberprotección que aplicados correctamente permiten a las administraciones públicas avanzar hacia un modelo digital, resiliente y seguro.

“Ninguna autoridad local del mundo es inmune a las ciberamenazas y las consecuencias de los ciberataques son múltiples y de gran alcance”, explica Borja Pérez, country manager de Stormshield Iberia. “Para paliar estos riesgos que pueden poner en peligro la integridad de los datos, la protección de los ciudadanos o paralizar el funcionamiento cotidiano de la administración, estas entidades deben desplegar una estrategia de seguridad que aúne colaboración entre los distintos actores, protección eficaz y cumplimiento. Solo así será posible garantizar la continuidad de los servicios ante cualquier circunstancia”.

 

Un enfoque colectivo en ciberseguridad

Stormshield defiende la necesidad de una estrecha colaboración entre representantes electos, operadores de redes y fabricantes de software para un enfoque colectivo de la ciberseguridad. Esta sinergia reparte las responsabilidades, pone en común los conocimientos y favorece un enfoque coordinado de las amenazas. Al diversificar las partes interesadas, refuerza la resistencia colectiva y limita los puntos únicos de fallo.

Para una protección eficaz, es urgente adoptar una estrategia de seguridad global desde el inicio de la transición digital. Esto significa adaptar las medidas de protección a las características específicas de cada sistema de información, considerando al mismo tiempo las particularidades organizativas y los riesgos asociados a cada componente de la infraestructura digital.

El cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades competentes también es vital. Los avances normativos, como la Directiva NIS2 y el GDPR, están imponiendo normas más estrictas, en particular para los agentes críticos. Su aplicación no solo reduce las vulnerabilidades, sino que también aumenta la confianza de los ciudadanos y los socios.

Para que innovación y protección vayan de la mano, es clave incorporar la ciberseguridad al proceso de planificación de los proyectos de ciudades inteligentes. La instalación de sensores y equipos conectados en toda la región permite establecer una red mallada capaz de detectar incidentes y reaccionar rápidamente ante ellos.

Por último, la adopción de soluciones avanzadas optimiza la protección de las infraestructuras al tiempo que mejora la eficiencia operativa. Con ello, las entidades locales consiguen mejorar la eficacia operativa y su nivel de protección porque, además de las alertas, facilita la gestión de los elementos de respuesta y remediación.

Para las autoridades locales, la transición digital representa una gran oportunidad de modernizar los servicios públicos, pero no puede lograrse sin un enfoque sólido de la ciberseguridad. Solo integrando la seguridad en el diseño de los proyectos y apoyándose en socios especializados cuyos productos estén certificados y cualificados para trabajar con la administración pública, estas entidades lograrán proteger sus sistemas esenciales mientras aprovechan las ventajas de la innovación. Este equilibrio entre modernización y resiliencia es esencial para responder a las expectativas de los ciudadanos, garantizar la continuidad de los servicios y preservar la confianza.