Los ciberdelincuentes siguen aprovechando el teletrabajo para lanzar ataques

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La creciente necesidad de digitalización en el ámbito laboral debido a la pandemia ha hecho incrementar la atención sobre la ciberseguridad en todo el mundo, y España no es una excepción. Según datos de ESET, entre el primer y el cuarto trimestre de 2020 los ataques de escritorio remoto aumentaron un 768%. Los ciberdelincuentes aprovecharon el aumento del teletrabajo y la falta de medidas de seguridad por parte de las empresas para conseguir el mayor número de víctimas posible sin importar el tamaño de las empresas.

El año 2021 sigue con la misma tendencia, dejando claro que la ciberdelincuencia se ha adaptado en tiempo récord a la nueva situación y que está intentando sacar el mayor beneficio posible de ello utilizando ciberataques cada vez más sofisticados y avanzados contra todo tipo de empresas. Las empresas, por tanto, necesitan contar con soluciones de ciberseguridad que sean capaces de hacer frente a los ciberataques más avanzados sin que interfieran en el ritmo diario de trabajo.

A la opinión pública han trascendido especialmente los ataques a grandes compañías y a la administración pública, como el ciberataque a la base de datos del Ayuntamiento de Castellón el pasado mes de abril, en el que quedaron al descubierto para los atacantes datos de víctimas de maltrato, atestados policiales y contraseñas; o el ciberataque a Phone House, en el que se han visto comprometidos los datos de tres millones de clientes. Sin embargo, son las pymes las principales afectadas por ciberataques en nuestro país. Concretamente la Guardia Civil advertía el pasado año que el 70 % de las pequeñas y medianas empresas en España son objetivo de la ciberdelincuencia.

Para ESET, un simple antivirus ya no es suficiente, y, en la actualidad, las empresas necesitan identificar, detener y solucionar las brechas de seguridad. También tener una mayor visibilidad sobre lo que ocurre en sus equipos para garantizar que las amenazas emergentes, los comportamientos de los empleados que pueden implicar un cierto riesgo y las aplicaciones no deseadas no pongan los beneficios de la empresa y su reputación en riesgo.