El Ayuntamiento de Madrid colaborará con la AEB en formación en ciberseguridad

  • Actualidad

adquisicion acuerdo

El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española de Banca colaborarán para formar a la ciudadanía en el uso y acceso de los servicios digitales municipales. Incluye formación para que los consumidores sean más conscientes en sus relaciones a través de la tecnología, fundamental para evitar posibles fraudes.

  Recomendados....

» Tendencias 2023 en ciberseguridad para blindar a las empresas  Webinar
» Ciberseguridad y normativa: claves de la confianza del ciudadano en los servicios públicos Acceder 
» Digitalización y negocio. Qué nos depararán las TI en 2023 Informe

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado un acuerdo con la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, un acuerdo para formar a la la ciudadanía en el uso y acceso a los servicios digitales municipales. Ambos han estado acompañados por el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, y el director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, Alberto Ríos, así como por representantes de diversas asociaciones de consumidores.

Almeida ha recordado que los ayuntamientos "son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, aquellas en las que depositan más confianza", y ha resaltado "que va a permitir llegar a todos los colectivos que se puedan sentir más alejados de las oportunidades que ofrecen las entidades financieras en el ámbito digital".

Las acciones que incluye el convenio se concretarán, especialmente, en campañas de sensibilización y concienciación y en la colaboración a la hora de elaborar material divulgativo, todo ello con el fin de” formar a una ciudadanía más consciente, segura y crítica en sus relaciones tecnológicas, aspectos fundamentales para evitar posibles fraudes”. Además, estas iniciativas favorecerán el intercambio de información entre el Ayuntamiento y la AEB, asociación profesional que engloba a bancos españoles y extranjeros que operan en España.

La suscripción de este convenio supone una medida de protección de la población en general, pero especialmente para aquellos sectores más sensibles y vulnerables como son las personas mayores, para las que el uso de las nuevas tecnologías pueda implicar una situación de exclusión social.