Castilla y León impulsará la Compra Pública Innovadora en materia de ciberseguridad

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El director general del ICE, José María Ribot, y el director general de INCIBE, Alberto Hernández, lanzaron el pasado viernes una consulta al mercado para preparar la primera Compra Pública Innovadora (CPI) en el ámbito de la seguridad. Esta modalidad podría garantizar en el futuro una mayor eficiencia en el gasto público y mejores servicios.

La Junta de Castilla y León está así sondeando a las empresas sobre las posibilidades de desarrollar nuevas soluciones de seguridad tecnológica para atender necesidades comunes del tejido productivo, social y de la propia gestión pública. En este sentido, ha expuesto las demandas de tecnología que considera preciso atender conforme a las necesidades detectadas en el tejido productivo, en la sociedad y en la propia gestión pública. “La finalidad es conocer qué propuestas puede ofrecerle el sector privado especializado y promover su participación en este proceso”, explica en un comunicado.

En concreto, con la colaboración de INCIBE en su definición, se han formulado cuatro retos en busca de soluciones tecnológicas que mejoren los sistemas actuales de detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques; los de respuesta a ciberincidentes; frente a la suplantación de identidades, el robo de credenciales o tarjetas de crédito de ciberdelincuentes, y los detectores de dominios o sitios web donde se desarrollan actividades ilegales de forma anónima.

Esta consulta al mercado abre la puerta a una futura Compra Pública Innovadora, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En este caso la modalidad sería de compra pre-comercial, un procedimiento que permite adquirir un servicio que aún no está desarrollado o probado, es decir, de forma anticipada a su comercialización.

Este formato de contratación, basado en el plus de innovación de los productos adquiridos, garantiza una mayor eficiencia en el gasto público y una mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas. “Este formato convierte a las administraciones en palanca de la innovación y la competitividad empresarial, en la medida en que incentiva el desarrollo tecnológico del tejido productivo. Lo hace de forma creativa –demanda un servicio como cliente– y contribuyendo a compartir los riesgos que conlleva la I+D”, señala en un comunicado la Junta de Castilla y León.