El 90% de la enseñanza superior sufre al menos 8 ataques de DNS al año

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Los ciberataques de ransomware costaron 1,42 millones de dólares al sector y en el 85% de los casos el malware utilizó DNS para ejecutar esos ataques. Pese a ello, solo el 47% de las organizaciones utiliza o considera utilizar seguridad DNS.

El informe “Inteligencia sobre amenazas al DNS para una defensa proactiva” ha sido elaborado por IDC para EfficientIP y analiza el panorama de las amenazas de DNS en 1.000 organizaciones de todo el mundo, 78 de ellas españolas, y teniendo en cuenta todo tipo de sectores. El segmento de la educación superior que analiza el estudio se centra en la encuesta a 103 instituciones del ramo.

El 90% de las universidades y escuelas superiores experimenta un mínimo de 8 ataques de DNS al año. De hecho, el 85% del ransomware que sufrieron utiliza DNS, lo que permite atribuir a este factor unas pérdidas de 1,15 millones de dólares, del total de 1,42 millones que han logrado los delincuentes secuestradores de datos.

Más allá del impacto económico, para hacer frente a esos ataques se tuvo que cerrar el servicio DNS (41%), desconectar los procesos y las conexiones afectados (37%) o cerrar parte de la infraestructura de red (26%). El DNS se considera fundamental para la ciberseguridad (84%), en particular para proteger la nube (84%), la fuerza laboral local y remota (83%), el IoT (57%) y los centros de datos (65%).

Sin embargo, solo el 47% de las instituciones encuestadas confirma que está utilizando o que por lo menos considera utilizar seguridad DNS para prevenir este tipo de amenazas. EfficientIP recuerda en este sentido que este sector no tiene a su disposición los mismos recursos que otros, pese a que sea consciente de los riesgos que suponen estos ataques.

Para Norman Girard, CEO de EfficientIP “los hackers siempre están buscando la forma más fácil de entrar, por lo que resulta decepcionante comprobar que el sector educativo no está invirtiendo en seguridad a pesar de ser un claro objetivo. Desde el momento en que tanto estudiantes como profesores dejan en sus manos información personal sensible y propiedad intelectual, las universidades están obligadas a responder a esta confianza”.