El 64% de las empresas españolas tiene una política de canal de denuncias

En muchos países de la UE, este año se aplicará a las empresas una nueva normativa sobre denuncia de irregularidades, denominada como Directiva Whistleblowing. En España, esta Ley de Protección de los Denunciantes entró en vigor el 13 de junio de 2023. Desde entonces, las empresas con más de 250 empleados deben haber establecido un sistema de denuncia confidencial de infracciones internas. Para las empresas que consten entre 50 y 250 empleados, la fecha límite es el 1 de diciembre de 2023. Si los empresarios no aplican la normativa o no abordan adecuadamente las denuncias, pueden enfrentarse a diferentes consecuencias, que pueden ir desde sanciones leves, graves o muy graves.

Una encuesta realizada por Personio, enla que han particicido 350 empleados y 150 empresarios en España.muestra que un pequeño porcentaje de los negocios encuestados en España aún no tienen una política de canal de denuncias (23%) o no saben si la tienen (11%). Esto pone a muchas compañías en riesgo de no cumplir a tiempo los requisitos necesarios. Al menos, la mitad (50%) de las empresas tiene previsto introducir un sistema de este tipo en los próximos 6-12 meses.

El 48% de los empresarios dice saber de qué trata la nueva directiva de la UE y un 45% ha oído hablar de ella. La situación es diferente para los trabajadores: el 32% afirma conocer bien la nueva ley y un 23% de ellos dice no saber si su empresa tiene una política de denuncia de irregularidades. Así, es importante que los empresarios se animen a explicar abiertamente a su personal en qué consiste la denuncia de irregularidades y qué medidas se han adoptado o se están adoptando internamente y, en el mejor de los casos, destacar por qué el asunto es de gran importancia.

Los empresarios citan la seguridad de los trabajadores (64%), seguida del cumplimiento de las normas (39%), el compromiso de los empleados (30%) y la protección de la reputación corporativa (17%) como motivos para establecer un canal de denuncia de irregularidades. Llevar a cabo esta medida no sólo evita posibles daños a la imagen de la compañía y pérdidas económicas, sino que también refuerza una cultura empresarial de confianza.

Según el estudio, el 54% de los empleados encuestados se han enfrentado a una mala conducta en el trabajo en el pasado; el 24% de ellos sólo en el último año. Para denunciar un comportamiento inadecuado en el entorno laboral, el 40% de los empleados prefiere hablar con el representante legal de la empresa. En segundo lugar, está el uso de un canal electrónico anónimo (35%), seguido de hablar con RRHH o con su jefe en persona (25%).

Aunque el 43% de los empresarios dicen sentirse muy seguros a la hora de gestionar las faltas de conducta, sólo el 31% de los trabajadores están de acuerdo. Tres cuartas partes (69%) de los empleados afirma que su empresa dispone de la tecnología adecuada para garantizar la confidencialidad de las denuncias. Lo más preocupante es que la mayoría (87%) teme represalias. Las empresas parecen sobrevalorar su gestión de las conductas indebidas en el lugar de trabajo y necesitan una solución fiable que garantice el anonimato y la facilidad de envío.

La publicación del estudio ha coincido con el lanzamiento de Personio Whistleblowing para pymes, solución centralizada que permite a los empleados y partes externas denunciar irregularidades de forma segura y anónima.