¿Qué dificultades tiene desarrollar un canal de denuncias in-house?

Desde que se publicó en febrero en el BOE la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva Whistleblowing de la UE de 2019, las empresas con 50 o más trabajadores tienen que contar con con un sistema interno de denuncias y prevé multas que pueden alcanzar hasta el millón de euros.

Según los datos que maneja la legaltech nórdica Whistleblower Software, un 57% de las compañías se ha planteado desarrollar su propio canal "in-house" y, de ellas, el 75% ha descartado la idea por su elevado coste y una tercera parte ha abandonado la idea de subcontratar un equipo para hacerlo por este mismo motivo. El 25% restante descartó la idea por considerar que de este modo no resulta posible alcanzar el nivel necesario de privacidad y seguridad de los datos.

De hecho, explica esta compañía, el establecimiento y mantenimiento de un canal de denuncia requiere importantes inversiones en infraestructura y recursos humanos, incluidas la contratación y la formación. Además, hay que tener en cuenta factores como los costes de desarrollo y el número de horas de implicación necesarias. En algún momento, también se convierte en una cuestión que hay que sopesar si contratar desarrolladores extra o redistribuir la carga de trabajo entre el equipo existente, cuando hacerlo puede limitar su capacidad para trabajar en otros proyectos comerciales de la empresa.

Las funcionalidades de seguridad suponen, además, uno de los mayores retos porque requiere tiempo y puede que no se lleguen a implementar al nivel que se necesita. La legaltech señala que crear una herramienta para la denuncia de irregularidades no consiste simplemente en crear un formulario para enviar denuncias, sino que "hay que tener en cuenta muchos aspectos relacionados con la privacidad". Por ejemplo, la dificultad de garantizar que los propios desarrolladores no acceden a los datos, si bien el mayor obstáculo suele ser el cifrado de extremo a extremo, algo que ni siquiera ofrecen todas herramientas o software de denuncia.

Su country manager en España, Álvaro Blanco, subraya que "la denuncia de irregularidades está sujeta a un complejo entramado de leyes y reglamentos, y los desarrolladores deben tener un conocimiento muy profundo, además de contar con una especificación muy detallada de los requisitos legales y de privacidad del proyecto, para poder garantizar que su software cumple la normativa. Las empresas no pueden hacerlo sin experiencia legal o en este segmento".